INFORME DE EEUU ADMITE EL IMPACTO DESTRUCTIVO DEL BLOQUEO Y EMBARGO CONTRA VENEZUELA

El documento elaborado por la Oficina de Rendición de Cuentas del gobierno de los Estados Unidos (GAO, sus siglas en inglés) determinó, después de una exploración de datos macroeconómicos y otras referencias, que el desempeño de la economía venezolana disminuyó abruptamente desde 2015, debido al inicio del funesto proceso de imposición de medidas coercitivas unilaterales (MCU) estadounidenses.

En mayo de 2019, el representante de la cámara baja del Congreso estadounidense, Andy Levin, acompañado del Comité de Asuntos Exteriores de esa misma instancia, solicitaron a la GAO un informe sobre el impacto de las «sanciones» contra Venezuela.

Fue el pasado 8 de febrero, casi dos años después, cuando la GAO hizo la publicación del estudio requerido. Así lo anunciaba el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos a través de su cuenta oficial en Twitter, afirmando que «las sanciones de Estados Unidos probablemente exacerbaron el declive económico de Venezuela».

Desde esta tribuna se realizó una revisión pormenorizada del mencionado informe de la GAO titulado: «Venezuela: El seguimiento adicional podría ayudar en los esfuerzos del Departamento del Tesoro para mitigar cualquier impacto adverso que pudieran tener las sanciones en la asistencia humanitaria».

PRIMER SEGMENTO: EL DESEMPEÑO DE LA ECONOMÍA VENEZOLANA

La GAO, conocida como el «guardián del Congreso», es una agencia no partidista de auditoría que trabaja para el Congreso de Estados Unidos, y de acuerdo a la solicitud de los diferentes comités y subcomités, realizan investigaciones para evaluar los métodos de trabajo del gobierno de ese país, así como también examinan el cumplimiento de las responsabilidades del Congreso en el marco de la rendición de cuentas.

Respecto al informe, la GAO examina primero los datos económicos. Al principio, con datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), describen que en el intervalo de los años 2011 a 2012 la economía venezolana tuvo cierto crecimiento debido, en gran parte, al aumento de los precios del petróleo.

Los datos se hacen notar cuando muestran que el mayor y abrupto declive económico del país inicia en 2015. Así, la GAO hace la acotación de que, según entrevistas a expertos y la revisión de literatura, las «sanciones» de Estados Unidos han tenido un impacto negativo en la economía venezolana.

En el informe se explica que la economía disminuyó de un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) negativo del 6.2% en 2015 a un 35% negativo en 2019; en esa fecha se ataca directo a la estatal petrolera Petróleos de Venezuela (PDVSA), recrudeciendo considerablemente el boicot que se estaba gestionando en contra de Venezuela.

Aquello va de la mano con otra dato comparativo, y es que en enero de 2019 la producción de petróleo en Venezuela rondaba los 1.2 millones de b/d, disminuyendo un 47% con respecto al año 2010.

Es menester mencionar que los datos proporcionados por la vicepresidenta Delcy Rodríguez cuando denunciaba ante la 74° Asamblea General de la ONU, que entre el año 2015 y 2019 el gobierno de Estados Unidos decretó más de 350 MCU contra Venezuela, con el fin de asfixiar la economía venezolana y someter a su población.

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Tasas anuales de crecimiento económico y desempleo de Venezuela, 2010-2020 (Foto: GAO)

Producción promedio de petróleo crudo en Venezuela (Foto: EIA)

El informe también indica que con las «sanciones» de 2017 ampliaron la coerción financiera, puesto que la Administración Trump prohibía a cualquier persona, entidad o empresa, legalmente radicada en Estados Unidos, participar en transacciones financieras, eso incluía la prohibición de efectuar negocios con nuevos bonos de deuda que sean emitidos por cualquier instancia del gobierno venezolano.

Con base a esto, la GAO determinó que las MCU han hecho que menos compradores estén dispuestos a negociar petróleo venezolano, afectando los ingresos al Estado venezolano por exportación de crudo. La dinámica del mundo financiero se basa en la confianza y las facilidades, y ante los riesgos a repercusiones que pueda tomar la administración de turno en los Estados Unidos, los compradores lo piensan dos veces.

¿Qué otros resultados se pueden esperar después de cercar a punta de «sanciones» las actividades propias de la industria petrolera y principal fuente de ingresos en divisas del país? Las facciones de poder de Estados Unidos siempre han estado conscientes de las implicaciones de las MCU, sin importar quiénes queden en el camino, sus intereses están por encima de cualquier cosa y de cualquier vida.

Las MCU en contra del Estado venezolano, que tienen inicio desde 2014 con la Ley de Defensa de Derechos Humanos y Sociedad Civil y abrió la brecha a lo que vino después con el Decreto Obama de 2015, ha decantado en los años siguientes, bajo el gobierno de Trump, en una gran escalada de coerción y asedio comercial, económico y financiero que ha afectado a todo el abanico de sectores cruciales y estratégicos de Venezuela y, por ende, han fungido como estaca contra la población civil.

Por ejemplo, William Brownfield nos refresca la memoria: «Si sancionamos a PDVSA tendrá un impacto en el pueblo y así se acelera el colapso aunque produzca periodos de tiempo de sufrimiento».

William Brownfield fue embajador de los Estados Unidos en Colombia, Venezuela y Chile (Foto: Reuters)

Este primer segmento, a grandes rasgos, es uno de los actuales instrumentos que junto al informe preliminar de la relatora especial de la ONU, Alena Douhan, ayudarán a reforzar las innumerables pruebas sobre los crímenes de lesa humanidad auspiciados por las «sanciones» de Estados Unidos y que recientemente, en rueda de prensa, el presidente Nicolás Maduro informó que consignaría ambos documentos ante la Corte Penal Internacional (CPI).

Se hace la acotación de que son documentos actuales, porque en años anteriores se han elaborado trabajos en esta materia, a saber:

  • El experto independiente de la ONU e historiador suizo, Alfred de Zayas, publicó en 2018 un informe que resume el impacto del bloqueo sobre la población venezolana, aplicando la metodología del principio audiatur et altera pars, concluyendo que tales acciones podían representar crímenes de lesa humanidad.
  • Uno de los más crudos fue el de Center for Economic and Policy Research (CEPR) en 2019, comprobando en la investigación que el bloqueo provocó directa e indirectamente unas 40 mil muertes en Venezuela entre 2017 y 2018, ya que los innegables obstáculos de Estados Unidos han limitado la importación de medicinas y otros insumos vitales para la vida de la población.

SEGUNDO SEGMENTO: LAS CONSECUENCIAS HUMANITARIAS DE LAS «SANCIONES»

La GAO hace una revisión de las medidas que toma cada agencia gubernamental de Estados Unidos para aminorar los efectos de las «sanciones». Las agencias a la que hacen referencia es al Departamento de Estado, al Departamento del Tesoro y, por supuesto, a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, sus siglas en inglés).

En el informe se menciona que esas agencias han iniciado medidas para mitigar las consecuencias negativas de las «sanciones», solicitado información de organizaciones humanitarias financiadas por Estados Unidos sobre los desafíos que enfrentan, incluido el impacto de las MCU para emitir licencias, en el caso del Departamento del Tesoro.

Con esa noción, la GAO advierte que si bien las agencias pueden contar con centros de llamadas o cualquier información de contacto para brindar la aparente asistencia, en el caso del Departamento del Tesoro no se rastrea ni analiza sistemáticamente la información de estas consultas para identificar tendencias o problemas recurrentes.

Entonces, para la GAO esa es la problemática, es decir, no es la aplicación de «sanciones» sino lo limitados que están para desarrollar acciones adicionales que garanticen que las las MCU no interrumpan la asistencia humanitaria.

Vale decir, siguiendo la idea de la GAO, que llama la atención que con la amplia experiencia en intervenir en asuntos extrafronterizos y en la aplicación de «sanciones», una instancia como el Departamento del Tesoro no cuente supuestamente con un sistema para atender los casos que obstaculizan, por ejemplo, la importación de alimentos, medicinas, repuestos e insumos.

Pudieran escudarse en la disponibilidad de licencias del Departamento del Tesoro para autorizar transacciones relacionadas en la índole humanitaria, pero bien conocen que, ante estos escenarios, los bancos buscan protegerse aún más limitando por completo cualquier trato con Venezuela.

A esto se le suma que, los nueve socios implementadores de la USAID informaron casos de bancos que cerraron sus cuentas, retrasaron o rechazaron transacciones debido a preocupaciones sobre las «sanciones» estadounidenses.

Por otro lado, la USAID en 2020, en coordinación con el Departamento de Estado, preguntó a socios y a ONG internacionales sobre el impacto potencial en las operaciones humanitarias de una posible disminución en la disponibilidad de combustible, diésel, electricidad o servicio aeronáuticos. Así, organizaciones humanitarias informaron a la GAO que las «sanciones» plantearon otras complicaciones para sus operaciones, que incluyeron el aumento de la escasez de gas, los cortes eléctricos y las interrupciones de la cadena de suministro.

Representante de USAID junto a Carlos Vecchio, Lilian Tintori y Julio Borges en 2019 (Foto: Archivo)

Según estas tres agencias, que tomó en cuenta la GAO para su informe, pautan reuniones para discutir el impacto negativo potencial de las MCU de Estados Unidos sobre la asistencia humanitaria y buscan desarrollar estrategias para mitigarlos.

Con base a esta recopilación de información, la recomendación final del informe de la GAO se basa en que:

«(…) el Secretario del Tesoro debería asegurarse de que el Director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro realice un seguimiento sistemático de la información sobre las consultas realizadas a su centro de llamadas de cumplimiento y a su cuenta de correo electrónico, incluyendo el programa de sanciones específico y el tema de la consulta, como la asistencia humanitaria, para identificar tendencias y problemas recurrentes».

Pese a lo explorado en el primer segmento, el enfoque y recomendación de la GAO se centró en supervisar e identificar los problemas en el marco de la aplicación de «sanciones».

Si los congresistas toman en cuenta lo recomendado en el informe en cuestión, se vislumbra una mutación de la perecedera estrategia de aplicación de MCU. No se busca dejar atrás su uso, sino, en tal caso, matizar o reacomodar la utilización de la herramienta.

TERCER SEGMENTO: IMPACTOS EN LA INDUSTRIA PETROLERA ESTADOUNIDENSE

En 2006, la propia GAO publicaba un informe sobre «las posibles reducciones en la producción de petróleo venezolano», asegurando que Venezuela es un actor clave en la seguridad energética futura de Estados Unidos y el mundo.

La GAO planteaba escenarios que podrían deteriorar en diferentes niveles a la economía de ambas naciones, desde un posible embargo de petróleo venezolano contra Estados Unidos hasta la posibilidad del cierre de las refinerías en territorio estadounidense de propiedad absoluta de Venezuela, reza el documento.

No obstante, en esta ocasión, la GAO expresa que las «sanciones» de Estados Unidos relacionadas con Venezuela no indican que hayan tenido un impacto sustancial en el suministro de petróleo de Estados Unidos, pues entre 2014 a 2015, el boom del shale estadounidense ha marcado la diferencia en el espectro geopolítico.

En este último punto, la GAO marca que las MCU contra PDVSA en 2019 tuvieron el efecto de eliminar a Venezuela como fuente de petróleo crudo para las refinerías de PDVSA que se encontraban en Estados Unidos. Fue en 2019 cuando Estados Unidos congeló los fondos de la estatal venezolana y despojó el control de CITGO.

La perspectiva que otorga la GAO en este segmento es en gran medida hacia un posible impacto en el mercado petrolero estadounidense, sin embargo, este depende de una serie de fundamentos y variables que condicionan el comportamiento de los precios de crudo. Así que las «sanciones» afectaron de manera desproporcionada a ciertas refinerías estadounidenses.

Estas refinerías son inusuales tanto en su capacidad para refinar grandes volúmenes de petróleo crudo pesado y con alto contenido de azufre como en la obtención de enormes márgenes de ganancias, es decir, son refinerías hechas para procesar crudo venezolano.

En este sentido, la GAO explica que las refinerías de la Costa del Golfo han buscado fuentes y tipos de crudo alternativos y, de acuerdo a sus investigaciones, algunos representantes de la industria estadounidense señalan que con la pérdida de crudo venezolano estas refinerías han pasado a utilizar fuentes de crudo no venezolanas, lo que ha reducido sus ganancias.

Este cambio probablemente redujo la rentabilidad y pérdida de la ventaja comparativa de las refinerías de la Costa del Golfo.

RESPUESTAS DE LOS CONGRESISTAS DE EEUU

Tras revisar el informe, el principal solicitante de ese documento y representante por el Partido Demócrata, Andy Levin, respondió:

«Este informe deja claro que las sanciones impuestas por Estados Unidos empeoraron la situación. Además, la administración Trump amplió las sanciones sin pensar aparentemente en el impacto que podrían tener en las personas que decían que les importaban».

En continuidad con esa línea, hizo un llamado a tomar en serio las lecciones de ese informe para diseñar un nuevo enfoque, supuestamente, de carácter reflexivo, humano y eficaz.

Asimismo, apuntó a través de su cuenta en Twitter que «independientemente de la posición de cada uno sobre las sanciones, deberíamos estar de acuerdo en que no deben imponerse a la ligera y no deben obstaculizar la ayuda para salvar vidas».

Con ciertos matices, el nuevo presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Gregory W. Meeks, consideró que «si bien las sanciones a veces pueden tener un impacto positivo, debemos asegurarnos de que se toman todas las precauciones para que las sanciones no impidan la entrega de asistencia humanitaria a quienes más la necesitan».

Después de tildar de fallida la política de Donald Trump, Meeks concluye que se debe trabajar esta vez con un enfoque multilateral tomando en cuenta a los aliados del Grupo de Lima y a la Unión Europea (UE). El año pasado también manifestó esa idea en una entrevista con Voz de América, sumando en ese encuentro multilateral a la Organización de Naciones Unidas (ONU) y al Vaticano.

A pesar que en ese encuentro el congresista emitió algunos comentarios típicos de la línea mediática del establishment estadounidense, cuando se le hizo la pregunta sobre el apoyo a Juan Guaidó y al repetido eslogan de las elecciones libres, Meeks solo dijo que apoyaría los comicios e ignoró por completo al exdiputado.

Asimismo, comentó que conoce al presidente Nicolás Maduro cuando este era presidente de la Asamblea Nacional, y que basado en esa experiencia evaluará si se puede llevar a cabo audiencias con el gobierno venezolano.

A pesar de que las declaraciones de los congresistas sobre el informe de la GAO no asoman el levantamiento de las «sanciones» a corto plazo, sino un reacomodo en su aplicación, como bien se dijo antes.

Pero debe rescatarse que admiten los efectos negativos ocasionados por esas MCU en la esfera económica y social de Venezuela. Tales consecuencias han sido denunciadas en innumerables espacios y ocasiones, principalmente, por el Estado venezolano.

No es primera vez que la GAO hace investigaciones asociadas a los efectos de las «sanciones» y el rol de las agencias estadounidenses en el meollo de su aplicación. En 2019, publicaron un reporte sobre la efectividad de las «sanciones». Mostrando un mapeo de los países «sancionados», la GAO comentó que cuando otros países se involucran en actividades que amenazan los intereses de Estados Unidos, la Casa Blanca puede imponer «sanciones» económicas.

Mapa de países «sancionados» por Estados Unidos (Foto: GAO)

Después de estudiar y revisar documentos académicos, la GAO concluye que si bien las «sanciones» también pueden tener consecuencias no deseadas para los países objetivo, como impactos negativos en los derechos humanos o la salud pública, su efectividad es notoria cuando se aplican a través de una organización internacional.

No nos extrañe que las nuevas maniobras de ataque contra Venezuela se lleven a cabo desde instancias multilaterales, aun cuando fracasen en el intento. Meeks ya lo ha expresado, y sobre todo con Antony Blinken como Secretario de Estado, las advertencias están sobre la mesa. Misión Verdad lo señaló en una oportunidad:

«El multilateralismo que defiende Blinken es aquel donde el liderazgo de Estados Unidos se traduce en la supremacía de esa nación en los espacios internacionales, necesarios para imponer su voluntad aplicando diferentes e indirectas maniobras, en el que la razón de Estado es la excusa para cualquier acción, por muy controvertida que sea, en el tablero geopolítico».

A MODO DE CIERRE

La GAO, previo a la publicación del informe, proporcionó un borrador a la USAID y a los Departamentos de Estado, Energía y Tesoro para recibir sus impresiones.

La GAO busca aclarar la confusión o errónea lectura por parte de la USAID, ya que afirmaban incorrectamente que en el informe de la GAO, de manera supuesta, se reconoce no haber encontrado una conexión directa entre las «sanciones» de Estados Unidos y la crisis humanitaria en Venezuela. El informe no refleja nada parecido.

«Apreciamos que la GAO reconozca que no puede encontrar ninguna conexión directa entre las sanciones de Estados Unidos y la crisis humanitaria en Venezuela», dice el documento (Foto: USAID)

Para ello, la GAO abrió una nueva sección en el informe, declarando que «No hicimos tal reconocimiento, y determinar la medida en que las sanciones estadounidenses causaron la crisis humanitaria en Venezuela estaba fuera del alcance de nuestra revisión». De todas maneras, el informe fue sucinto de acuerdo al enfoque y metodología para responder lo que el título expresa.

Fuente: Misión Verdad

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